El progresivo deterioro de la sanidad en Castilla la Mancha.

Que la sanidad en Castilla-La Mancha ha empeorado en los últimos años es algo que reconoce la mismisima Defensora del Pueblo de España, Soledad Becerril, que en su último informe ha apuntado directamente al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) como uno de los del país que generó mayor número de investigaciones -junto a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y el Servicio Catalán de Salud-, en muchos casos motivados por la lista de espera.

Becerril, nombrada en el año 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy y el apoyo mayoritario del Congreso, critica en un demoledor informe algunas de las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno de Cospedal, entre las que cita especialmente la derogación de la Ley de Garantías en Castilla-La Mancha, a través de las que se garantizaban los tiempos máximos de respuesta en la atención a los

pacientes.

En este sentido, el informe de la Oficina del Defensor del Pueblo señala que la eliminación de esta ley “supone un serio retroceso en los compromisos de calidad y eficiencia asumidos por las administraciones sanitarias”.

El texto señala que la tramitación de quejas referentes a demoras en atención sanitaria pone de manifiesto la existencia de un elevado número de pacientes que deben esperar meses, o incluso años, para ser diagnosticados o recibir tratamiento especializado. 
Así, y a título de ejemplo, cita las demoras constatadas en intervenciones quirúrgicas programadas de diferentes servicios y hospitales, entre ellos los diez meses en el servicio de Urología del Hospital General Universitario de Ciudad Real y en el de Albacete. 

Por lo que se refiere a consultas externas o a técnicas y pruebas diagnósticas, la Defensora del Pueblo dice que también persisten amplios tiempos de espera en la atención, y entre ellas reseña los ocho meses de espera para la realización de una resonancia magnética en el hospital  La Mancha-Centro, de Alcázar de San Juan o la superior a siete meses para una colonoscopia, también en el hospital General Universitario de Albacete y La Mancha-Centro. 

Precisamente, en el caso de este último centro hospitalario, señala que, al igual que en otros supuestos en los que se constatan “demoras inaceptables”, esta institución ha formulado recomendaciones para la implantación de planes que reduzcan los tiempos de espera, así como sugerencias para que se informe a los interesados de cuándo es previsible que se lleve acabo la prestación que precisan. 
“De ello son ejemplos las resoluciones relativas a la realización de colonoscopias en el hospital La Mancha-Centro”, insiste el informe.

El exhaustivo informe elaborado por la oficina del Defensor del Pueblo recoge que, desde hace algunos años los planteamientos de los ciudadanos ante esta Institución en este ámbito se habían deslizado de forma progresiva desde aspectos cuantitativos hacia los cualitativos; es decir, hacia exigencias de calidad y de excelencia. 

Sin embargo, 2012 ha supuesto un punto de inflexión en esa tendencia, puesto que las quejas han retornado con creciente intensidad sobre las limitaciones en el acceso y nivel de las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud, con el trasfondo de la actual crisis económica y financiera. 

“Reducción de prestaciones sanitarias; exclusión de colectivos del ámbito de protección de la sanidad pública; financiación de medicamentos; supresión de centros de urgencia en atención primaria; insuficiente dotación de personal sanitario; demoras en pagos a proveedores de centros sanitarios y a titulares de oficinas de farmacia y retrasos en el reconocimiento de reclamaciones de carácter económico son factores muy presentes en la mayor parte de las quejas en materia de sanidad. También se percibe con frecuencia en estas quejas una sensación de pérdida de derechos que se tenían por consolidados”.

Pero, además de las citadas, también hubo otras quejas que motivaron investigaciones por parte de este organismo. En concreto, informa de que se 
realizó una actuación tras advertirse la falta de resolución expresa por parte del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha sobre dos reclamaciones de un paciente, que fueron archivadas directamente. 
El Defensor del Pueblo dirigió a la Administración concernida un recordatorio del deber legal de resolver, de forma expresa, cuantos escritos y reclamaciones sean presentados por los interesados. 
Por otra parte también se iniciaron otras tres investigaciones, referidas al acceso de pacientes a documentación de sus respectivas historias clínicas, que se resolvieron cuando se les permitió a los mismos el acceso a la documentación.