Hasta
hace no mucho, pensábamos que la sanidad era un derecho fundamental, básico,
elemental. Y si ya se trataba de la atención a los menores, esto era algo
sagrado.
Pues
bien, la prestigiosa Ong “Médicos del Mundo” ha lanzado la voz de alarma sobre
algo que es realmente escandaloso y que sucede en nuestra Región. No se trata
ya de no atender sanitariamente a los inmigrantes que se han quedado en situación
administrativa irregular, algo ya de por si todo un atentado contra los
derechos humanos. Sin embargo cuando ya todas las líneas rojas han sido
superadas, esta Ong nos habla de niños inmigrantes que no
han sido atendidos
por la sanidad pública.
Hablan de que en la localidad toledana de
Illescas se niega la atención a los hijos de una familia marroquí y en Yepes a
dos menores, de 1 y 2 años de edad,
a cargo de un hombre de nacionalidad rumana.
La
desatención alcanza también a mujeres víctimas de violencia
de género, algunas de ellas con necesidad urgente de
tratamiento psiquiátrico y medicación, como se ha documentado en Toledo.
Cuando las personas excluidas de la atención primaria ven
agravarse sus dolencias y acuden a los servicios de urgencias, en ciertos
hospitales son obligadas a firmar un compromiso de pago antes de ser atendidas,
y días después reciben abultadas facturas en sus domicilios.
Hay hospitales, como el Virgen de la Salud en Toledo, que han
girado facturas superiores a los 3.000 € por un parto, cuando las embarazadas deberían
tener completamente cubierta la asistencia en el sistema público de salud.
En cuanto al acceso a medicamentos, las prestaciones
que quedaron fuera de cobertura, es especialmente preocupante el hecho de que
las personas afectadas tengan que abonar íntegramente el coste de los
medicamentos que precisan. En el caso de enfermedades crónicas, como la
diabetes o el VIH, los tratamientos, que han de ser de diarios,
son tan costosos que muchos pacientes se ven obligados a interrumpirlos por
falta de medios económicos, con el consiguiente peligro para sus vidas.
Si no se toman medidas para hacer accesible
medicación vital -como la insulina- a las
personas que la necesitan, más pronto que tarde se registrarán fallecimientos
por esta causa.
No tenemos constancia que en nuestra
localidad o entorno más cercano haya sucedido alguna de estas aberraciones, nos
referimos ante todo a la negación de la atención médica a menores, si bien todo
lo descrito supera los límites de la dignidad humana.
Es necesario que cualquiera de nosotros/as,
si llegamos a conocer alguna de estas situaciones la denunciemos públicamente.
Es tarea de todos/as hacer respetar la Declaración Universal de los Derechos
Humanos.
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